Are development and decarbonization conflicting or complementary goals? In this report, we explore how Latin America and the Caribbean can improve socioeconomic and development outcomes while also reaching net-zero greenhouse gas emissions by 2050. Specifically, we introduce SiSePuede, an open source decarbonization modeling toolkit that evaluates decarbonization actions costs, benefits, and emissions reductions across the economy.
To contain the climate crisis and meet the Paris Agreements goal of limiting global warming to 1.5C above pre-industrial levels by 2050, countries around the world need to undergo deep socio-economic transformations towards carbon neutrality. This transition towards net-zero can take many forms and pathways for each economic sector, but regardless of its shape, there will be winners and losers. For countries in Latin America and the Caribbean (LAC), for example, achieving this goal can bring significant net financial benefits, estimated at 1% of the regions GDP by 2030. But if not well managed, the transition runs the risk of increasing inequality and exclusion. For that reason, countries in the region should be mindful of ensuring that it is just and that its benefits are distributed equitably. They should also ensure that its negative impacts are avoided, or that policies to reduce and compensate for negative impacts, especially for low-income households, are introduced. The impacts
El cambio climático ya lo están experimentando las comunidades. El aumento de las temperaturas y los eventos climáticos extremos no sólo afectan el medio ambiente; también afecta nuestra vida cotidiana y el funcionamiento de nuestra sociedad. Sus impactos son evidentes en todas las regiones del mundo y Chile, en particular, es altamente vulnerable.
Mientras escribimos estas líneas, 2023 va camino de convertirse en el año más cálido jamás registrado, alcanzando por primera vez 1,4°C por encima de los promedios preindustriales. El fuerte fenómeno de El Niño de este año se ha sumado al impacto del calentamiento global para mostrarnos cómo podría ser el futuro. Los incendios forestales han quemado 363.000 hectáreas en Chile, causando en apenas 72 horas cerca de 3.000 millones de dólares en pérdidas y enormes daños. Las fuertes lluvias han destruido 50.000 viviendas en Perú, mientras una ola de calor exacerba la epidemia de dengue, infectando a 150.000 personas y causando la muerte de 400. Los desprendimientos de tierras provocados por las lluvias torrenciales en Haití han perjudicado a una de cada cinco comunidades, matando a 48 personas y provocando la pérdida de 3.000 cabezas de ganado y 30.000 hectáreas de tierras de cultivo, al tiempo que han aumentado los casos de cólera.
One reason carbon prices are difficult to implement is that they might imply high additional costs on poor and vulnerable households. In response, studies often highlight that recycling revenues through cash transfers can render carbon pricing reforms progressive. This neglects that existing cash transfer programs target households from low-income groups often imperfectly and that impacts of a carbon price are heterogeneous within income groups. In this study we analyze the role of existing cash transfer schemes to alleviate distributional effects of carbon pricing in 16 Latin American and Caribbean countries. We find carbon pricing to be regressive in 11 countries, progressive in 5, and show that differences within income groups exceed differences between them. Beyond total household expenditures, car ownership and cooking fuel explain the variance in carbon pricing impacts. We show that households who are most affected by carbon pricing, some of them poor, do not necessarily have acc
Cada vez hay más problemas de políticas públicas complejos o “retorcidos” (wicked). Se trata de problemas multidimensionales, que requieren intervenciones coordinadas de múltiples áreas y niveles de gobierno, y de actores no estatales, cuyos incentivos tienden a estar en tensión entre sí. Suelen ser, también, asuntos con elevados niveles de complejidad e incertidumbre, en los que no siempre resulta sencillo medir el desempeño de los organismos involucrados ni el impacto de sus acciones. Por eso, para atender estos problemas no alcanza con aprobar buenas políticas: también se requieren capacidades institucionales y gerenciales distintivas, que innoven respecto de la gestión pública tradicional, más habituada a lidiar con problemas lineales y predecibles.
Este documento presenta un escenario de transformaciones sectoriales que permitiría a Colombia alcanzar la carbono neutralidad en 2050 y cuantifica los costos asociados y los beneficios económicos derivados de implementar estas transformaciones. Las alternativas presentadas no pretenden ser prescriptivas, reconociendo que existen múltiples opciones disponibles para lograr las metas climáticas definidas por el país. La contribución más relevante de este análisis tiene que ver con estimar el nivel de cambios requeridos y los costos y beneficios asociados.
Este estudio se enmarca en las oportunidades que tienen los países de América Latina y el Caribe (ALC) para hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático; en particular, desde la perspectiva de innovación y desarrollo tecnológico en un tema de vanguardia: la cadena de valor del hidrógeno verde (HV). El análisis se centra en Chile, un referente natural en este sector. A su vez, representa el esfuerzo de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación (IFD/CTI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para aportar insumos que impulsen el desarrollo de una industria incipiente con soluciones económicamente viables y cuidadosas con el medioambiente.
La innovación verde puede desempeñar un papel central en la transición a un nuevo modelo de desarrollo sostenible en la región de América Latina y el Caribe. Este documento desarrolla un marco conceptual para la intervención pública en este ámbito, considerando distintas tipologías de instrumentos y elaborando recomendaciones para la implementación efectiva de políticas integrales de promoción de la innovación verde en los países de en la región. El documento concluye que, además de fomentar las capacidades de la región para la generación de tecnologías verdes, es clave apoyar el desarrollo de las capacidades necesarias para absorber tecnología externa y adaptarla al contexto local.
Todos los países de la región han suscrito los objetivos del Acuerdo de París, orientado a incrementar la resiliencia y la capacidad adaptativa de los países, así como a estabilizar el calentamiento global por debajo de los 2 °C y lo más cerca posible de 1,5 °C. Lograr las transformaciones y alcanzar las reducciones de emisiones necesarias exige cambios globales de gran alcance y sin precedentes en los sectores de energía, construcción, industria, transporte, agricultura, entre otros. Los impactos físicos del cambio climático y estas transformaciones implican, además, retos adicionales para la sostenibilidad fiscal y generan nuevas responsabilidades para los ministerios de Finanzas.
La Gestión Financiera Pública (GFP) tiene un papel muy importante que cumplir en las políticas públicas, y debe alinear sus procesos y sistemas con los desafíos del clima y de la biodiversidad, en todo el ciclo del gasto público, incluidos la planificación y el diseño de políticas fiscales y presupuestarias, la gestión de los riesgos fiscales, las asignaciones y la ejecución de los recursos públicos, así como el seguimiento y la evaluación de su eficiencia y eficacia.
El mundo está viviendo una transformación de las actividades económicas para incrementar la sostenibilidad ambiental de los recursos naturales disponibles. El reto que presenta el cambio climático está provocando una transformación productiva derivada de acciones de mitigación (reducción de gases de efecto invernadero) y por acciones para aumentar la sustentabilidad de los recursos naturales (agua, bosques, etcétera).
El Acuerdo de París establece los objetivos de mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 °C y lo más cerca posible de 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales; buscar que todas las economías sean resilientes a los impactos climáticos, y garantizar que los ujos nancieros sean consistentes con estos objetivos (CMNUCC, 2015). La tarea es titánica, ya que las transformaciones necesarias requerirán redirigir entre el 7 y el 19 % del PIB cada año (Galindo Paliza et al., 2022). Para alcanzar las metas de temperatura globales, el acuerdo y las decisiones subsecuentes de sus Partes otorgan una importancia fundamental a estrategias de reducción de emisiones, decididas por y para cada uno de los países en forma de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) o estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones (conocidas como LEDS, LT-LEDS o LTS, por sus siglas en inglés).
El objetivo de este documento es propo- ner un marco conceptual y orientacio- nes metodológicas para los países de la región que buscan identificar, clasificar y evaluar el gasto público climático. La metodología propuesta se basa en los aportes provenientes de la Joint Methodology for Tracking Climate Finance de los bancos multila- terales de desarrollo (MDB) 2 y la metodología del Climate Public Expenditure and Institutional Re- view (CPEIR) (PNUD, 2016), 3 pero, a diferencia de estas, es coherente y consistente con los Siste- mas de Cuentas Ambientales (Naciones Unidas, 2008) y, sobre todo, con el Manual de Estadísti - cas de Finanzas Públicas (MEFP) (FMI, 2014), am- bos reconocidos estándares estadísticos interna - cionales, así como en las prácticas habituales de los organismos presupuestarios de la región.
La tarea de escribir una nueva historia, marcada por la resiliencia y no por las tragedias. «Déjà-vu» es una expresión francesa que significa, en su traducción más literal, «ya visto». También se usa para referirse a aquella sensación de estar viviendo algo que se ha experimentado en el pasado. Eso mismo, un «déjà-vu», sucedió en 2020 tras el paso de los huracanes Eta e Iota, un amargo sentimiento de frustración por estar reviviendo los efectos de un desastre ya conocido y en el peor momento de todos: en noviembre, en plena pandemia global por cuenta del coronavirus y cuando aún no había sido aprobada vacuna alguna. Casi 10 millones de personas resultaron afectadas por dichos ciclones en Centroamérica, como si no se hubiera aprendido lo suficiente de las devastaciones sufridas tras el huracán Mitch, en 1998, o el Katrina, en 2005.
América Latina y el Caribe deben enfrentar el desafío del cambio climático al mismo tiempo que avanzan otros objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuánto costará hacer frente? Este trabajo revisa la evidencia sobre los recursos necesarios y las fuentes de financiamiento disponibles para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Paris en la región.
El Plan de Descarbonización de Costa Rica promueve el transporte público como principal opción de movilidad y fomenta la electrificación de la flota vehicular, lo cual habilitará múltiples beneficios socioeconómicos. Sin ajustes fiscales, estas transformaciones reducirían la recaudación tributaria del gobierno central ya que los impuestos relacionados con el transporte representan una quinta parte de sus ingresos totales. Este estudio evalúa el impacto fiscal de descarbonizar el transporte en el plazo 2023-50 y cuantifica la incidencia de ajustes en los impuestos de la energía, propiedad, e importación sobre las empresas del sector (buses, taxis, carga liviana y pesada) y los hogares de diferentes niveles de ingreso y regiones del país.
La transición energética mundial a bajas emisiones de carbono impulsada por el cambio tecnológico y los planes de los gobiernos para cumplir con el Acuerdo de París crea incertidumbre con respecto a la futura demanda de gas, sus precios y los ingresos públicos asociados. Evaluamos las perspectivas de la producción de gas natural y los ingresos públicos procedentes de regalías y de los impuestos sobre la producción de gas en América Latina y el Caribe bajo diferentes niveles de ambición climática global.
Los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico después de los estragos causados por la pandemia de COVID-19 ofrecen la oportunidad de invertir en un mejor tipo de desarrollo que permita incrementar sus- tancialmente la capacidad adaptativa ante los impactos físicos del cambio climático y transitar hacia cero emisiones netas de carbono.
La República del Perú, a través del Ministerio del Ambiente (MINAM), está en proceso de actualizar su Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC), la cual incluirá el objetivo de alcanzar la carbono-neutralidad del país para 2050. Así, el país alineará su política climática con los objetivos del Acuerdo de París: limitar el aumento de la tem- peratura global entre 1,5°C y 2°C con respecto a los niveles preindustriales (Naciones Unidas, 2015)
This document provides an overview of the type of support that NDC Invest provides to help countries enhance climate ambition, offering solutions to support governments. Our three products are not a fixed recipe, but rather a toolbox to provide flexible and relevant solutions tailored to country needs and context, and different stages of design and implementation of their climate targets.
Nuestro objetivo es lograr el desarrollo de forma sostenible y amigable con el ambiente. Hoy en día somos la fuente principal de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Proveemos préstamos, fondos no reembolsables, garantías y cooperación técnica, y también realizamos investigaciones exhaustivas. Mantenemos un compromiso firme con la consecución de resultados medibles, así como con los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
Los administradores del agua enfrentan desafíos cada vez mayores para satisfacer la demanda de agua, que depende de condiciones socioeconómicas y climáticas. La evolución de estas condiciones en las próximas décadas es profundamente incierta e impredecible. El presente estudio demuestra la utilidad del enfoque de Toma de Decisiones Robustas (RDM por sus siglas en ingles), un método de toma de decisión bajo incertidumbre profunda, para evaluar la vulnerabilidad y las oportunidades de adaptación de la gestión de los recursos hídricos en Mendoza, Argentina.
En términos generales, el gasto público climático puede definirse como aquel destinado a financiar la política pública que responde al cambio climático, tales como la mitigación, adaptación y gestión de riesgos y desastres asociados. La identificación y evaluación del gasto público climático, o marcación presupuestaria, han generado creciente atención por parte de múltiples partes interesadas (stakeholders), no solo para evaluar la política climática, sino también para monitorear los riesgos fiscales derivados de los impactos crecientes e impredecibles del cambio climático. Marcar el presupuesto es esencial para realizar una mejor priorización del gasto público orientado a responder al cambio climático.
El Plan Nacional de Descarbonización propone una serie de acciones organizadas en torno a diez ejes de acción que representan los principales sectores económicos y de infraestructura de la economía, con objetivo de llegar a cero emisiones netas al 2050. Este estudio tiene por objeto informar a los formuladores de políticas públicas de Costa Rica, así como a otras partes interesadas, acerca de los costos y beneficios del Plan Nacional de Descarbonización y de oportunidades para robustecerlo.
Este documento de síntesis presenta los objetivos, el enfoque y los resultados transversales del proyecto Rutas de Descarbonización Profunda en América Latina (DDPLAC). En él se sintetizan y comparan rutas de descarbonización profunda (DDP) nacionales y sectoriales hasta el 2050 que son compatibles con los objetivos del Acuerdo de París y con las prioridades de desarrollo nacional de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.
La Adopción del Acuerdo de París en 2015 introdujo un nuevo paradigma que busca alejarse de las maneras tradicionales de desarrollo y encaminarse hacia un desarrollo con emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) netas cero y resiliente al clima. El Acuerdo exige a los países elaborar planes de como lograrán estos objetivos (conocidos como Contribuciones Nacionalmente Determinadas – NDC) y actualizarlos y volverlos más ambiciosos cada cinco años...
La pandemia del coronavirus ha expuesto de manera muy cruel la vulnerabilidad de nuestras sociedades. Los preocupantes niveles de desigualdad han hecho que la COVID-19 haya golpeado de manera severa incluso a los países más prósperos de América Latina y el Caribe. Los trabajadores del sector informal, que representan el 49% del empleo no agrícola, se han visto gravemente afectados por las medidas de confinamiento y distanciamiento social, que han limitado o detenido temporalmente sus medios de subsistencia. Además, los déficits generalizados de protección social y empleo decente hacen que la región sea muy vulnerable a esta situación.
Conseguir desligar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. La relación actual entre ambos genera una carga enorme sobre nuestro planeta a medida que los países emergentes procuran sacar a millones de personas de la pobreza y mejorar sus vidas.
En las altas montañas centroamericanas, la tierra que solía ser fría ha subido de temperatura de forma considerable. Muchos habitantes de las tierras bajas han perdido acceso al agua potable y en la cima, los caficultores luchan por mantener un ambiente propicio para la producción de grano. La deforestación en tierras cafetaleras y el uso inadecuado de agentes químicos en la producción han hecho que el suelo pierda humedad, contaminando el agua rio abajo.
Hombres y mujeres se adaptan de forma distinta a los impactos del cambio climático. La mujer es desproporcionadamente más vulnerable a las alteraciones climáticas en múltiples dimensiones y estas pueden exacerbar las brechas ya existentes dentro de un sistema socio-ecológico. Sin embargo, muchos de los instrumentos utilizados en proyectos para la resiliencia climática ya existentes se enfocan en sectores específicos como la agricultura.
Como la región con mayor biodiversidad del mundo y una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático, el futuro desarrollo de la región depende de nuestra capacidad para transformar su vía de desarrollo de forma fundamental. Si fracasamos, esto podría revertir años de progreso y hacer casi imposible lograr un crecimiento sostenible e inclusivo.
Una buena noticia: la adaptación al cambio climático es rentable. Sin embargo, no todos estamos hablando en los mismos términos. Desde hace varios años -décadas, en algunos casos iniciativas del sector privado han logrado avances notables en temas de resiliencia climática con el fin de proteger la productividad de sus negocios, sin saber que sus buenas prácticas son hallazgos que pueden jugar un papel protagónico en el devenir del mundo.
Salvar una vida también significa salvar los medios por los cuales subsiste. Esa es la misión que desde 2015 lleva a cabo el proyecto Gran Chaco Proadapt, el cual, a través de sistemas de alerta temprana, ha logrado salvar las producciones de miles de pobladores vulnerables a las inundaciones de los ríos Pilcomayo y Bermejo en Bolivia, Paraguay y Argentina.